El pasado 22 de enero del 2024, el Ministro de Presidencia, Justicia y relación con las Cortes anunciaba una modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial con consulta pública abierta hasta el 5 de febrero del 2025 (Web).
Esta cuenta se tiene que posicionar en contra de dicha reforma por ir en contra de preceptos constitucionales, tocando derechos fundamentales e, incluso, socava la debida independencia de los miembros del Poder Judicial (Jueces, Magistrados y Fiscales).
Como ya indiqué en una comunicación anterior, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, pilar de la Revolución Francesa, decía en su art. 16 "Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución"
El art. 103.3 de la Constitución, dentro del Titulo IV del Gobierno y la Administración, establece que "La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones"
El Tribunal Constitucional varias de sus sentencias, ha reconocido la necesidad de la conquista histórica de la inamovilidad como carácter de la función pública (STS 81/1983 y STC 236/2015). Si el Gobierno o cualquier estructura dependiente, puede cambiar de puesto o un funcionario, este se vería coaccionado a ejercer con independencia sus funciones, por miedo a las represarías de su traslado, que supone un ataque frontal a la libertad del individuo, con cargas familiares, emocionales y económicas.
Por eso, aunque no debiera hacer falta, el art. 117 de la Constitución Española define al poder judicial como "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Donde fija la inamovilidad para jueces y magistrados como factor primordial. El Anteproyecto pretende socavar esto con un texto que no solo afecta a jueces, también al ministerio fiscal regulado en el art. 124 de la Constitución.
Hay que recordar que, el acceso a la función pública está regulado como derecho fundamental en el art. 23.3 de la Constitución.
Las Asociaciones Judiciales y posiblemente las Fiscales, se posicionan en contra de este proyecto normativo que atenta al corazón de la independencia de todo el poder judicial.
Antes que científico, soy ciudadano y quiero vivir en un Estado de Derecho donde todos estén sometidos a la Constitución emanada del pueblo y las leyes emanada de sus representantes.
#AJFV apoya el comunicado de la 72 Promoción de la Escuela Judicial en defensa de la conciliación y en contra de la estabilización de interinos por la puerta de atrás.
— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) January 25, 2025
Por unas oposiciones basadas en el mérito, la capacidad y la igualdad pic.twitter.com/ZNBfmr20rT
Actualización 19/03/2025: Informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley.
¿Me invitas a un Ko-fi?
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