El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha imputado al Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado (FGE) y a la Fiscal Jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos.
El FGE, según se desprende del auto y por, mandato de Presidencia de Gobierno, emitió un mensaje privado entre el letrado y fiscal de un investigado por fraude fiscal, Alberto González, novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Según el auto y pese al borrado de los mensajes entre los fiscales implicados, hay indicios y hechos probados suficientes para imputar al FGE por el delito de revelación de secretos.
Debe recordarse, como indica el auto de imputación, que el Ministerio Fiscal, así como abogados y procuradores, están sujetos a reserva y secreto profesional. El art. 50 de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LEOMF) establece que:
"Los miembros del Ministerio Fiscal guardarán el debido secreto de los asuntos reservados de que conozcan por razón de su cargo"
La Constitución Española de 1978 regula el Ministerio Fiscal en su art. 124:
"1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial."
El art. 29 de la LEOMF establecer el procedimiento y requisitos electivos para que el Gobierno nombre al FGE:
"Uno. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. No podrá ser propuesto para el cargo quien en los cinco años anteriores haya sido nombrado titular de un Ministerio, de una Secretaría de Estado o de una Consejería de un Gobierno autonómico, ni quien haya sido elegido titular de la Presidencia de una Corporación local o haya tenido la condición de diputado, senador, o miembro del Parlamento Europeo o de una Asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma.
Dos. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto.
Tres. Una vez nombrado, el Fiscal General del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo."
El Consejo General del Poder Judicial habló la idoneidad de Álvaro García Ortiz para ser nombrado FGE por el Gobierno en julio del 2022 pero los hechos acaecidos con esta figura fundamental de la justicia española hicieron que el Pleno del CGPJ declarara en su informe que Álvaro García Ortiz ya no era idóneo para el cargo de FGE en noviembre del 2023.
Hoy, el máximo responsable del Ministerio Fiscal, el órgano del Poder Judicial que vigila la legalidad judicial y que lleva el principio acusatorio del proceso penal, ha sido imputado por realizar el delito que él investiga y procesa a otros. Esto provoca un daño irreversible en todos los miembros de Fiscalía y, en la confianza que los ciudadanos deben tener en las instituciones del Estado.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lejos de poner algo de cordura en este problema ha respaldado la figura del FGE diciendo que esperaba su imputación, y que, no va a cesarlo.
Esta declaración se hace en base a la defensa de las instituciones democráticas de España del art. 12 del Código Ético.
----
Jamás me ha pasado que una asociación me bloquee.
— ParaMicroBio 𝕏☣️ (@ParaMicroBio) June 10, 2025
La Asociación Progresista de Fiscales me ha bloqueado sin tener interacción con ellos. pic.twitter.com/dWPZvUBoVi
----
Enlace al TW de UPF
Una persona que dice lo que ha expresado Oscar Puente, es de todo, menos demócrata. https://t.co/p8sJ3WpaLs
— ParaMicroBio 𝕏☣️ (@ParaMicroBio) June 10, 2025
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario