miércoles, 18 de noviembre de 2026

Comunicado sobre la medida de enviar extranjeros "sin papeles" a Ruanda sin tener vínculos con este país y sin pertenecer al Espacio Económico Europeo. Análisis de derecho internacional

La medida de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos de enviar a extranjeros sin papeles a Ruanda en un acuerdo internacional para disuadir la inmigración ilegal, no es una medida nueva. Esto ya lo intentó Reino Unido, digo que lo intentó, porque acabó anulándose por el derecho internacional y nacional británico.

En primer lugar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intentó llevar un asunto respecto al acuerdo de Reino Unido de deportar a un iraquí a Ruanda (solicitud 28774/22). El Tribunal acordó una medida cautelar para suspender la deportación (CDE). 

Tras esta intervención del TEDH el Tribunal del Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido examinó el asunto y concluyó que la deportación era contraria al derecho de una Unión Europea y al nacional de Reino Unido (ID del caso UKSC/2023/0093) 

En este asunto, es importante ver la doctrina Hirsi Jamaa vs Italia (2012) y, por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE Asunto C-564/18 y C-924/19) En el ultimo asunto se concluyó que Hungría estaba realizando internamientos ilegales al mantener a solicitantes de asilo en la frontera con Serbia. 

Hay que tener en cuenta que la propuesta de estos 5 países es derivar a extranjeros a un tercer país (Ruanda), con el que no tienen vinculo, y que tiene antecedentes claros de socavar los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad (Ruanda DSN - NNUU - Amnistía Internacional). Aunque los extranjeros que entran irregularmente a un país no gocen de plenos derechos, sobre todos los políticos de sufragio, permanecer en territorio, etc. Siempre se tiene derecho a la tutela judicial efectiva, que le corresponde a toda persona, sea nacional o extranjero, los cuales también tienen derecho a la protección a la vida e integridad física, que es un derecho fundamental europeo y de todos los Estados miembros.

Desde ParaMicroBio se rechaza la legalidad de la medida de estos países pertenecientes a la UE con respecto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en aplicación de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

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